La utópica Ley de Vivienda y reservar el 30% para VPO afecta a la viabilidad de las constructoras

Cada día que pasa se conocen más detalles de la nueva Ley de Vivienda, que sigue sin traer buenas noticias para el sector constructor y promotor español. Según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el acuerdo pactado por PSOE y Unidas Podemos incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.

Esta obligación, unida a las otras medidas que contendrá la ley, ha creado preocupación en el sector inmobiliario del país, que considera que supondrá el desplome de la inversión en vivienda de obra nueva y hará que las compañías tengan que revisar sus planes de negocio, que ahora podrían ser inviables.

Las promotoras y constructoras han elaborado sus hojas de ruta en base a, por ejemplo, la inversión que han realizado en compra de suelo y los ingresos que percibirán por la venta de las viviendas que construirán en ellos. Sin embargo, la reserva del 30% a VPO hace peligrar planes de negocio, puesto que con esta imposición la cifra ingresada estará por debajo de lo previsto.

En este sentido, fuentes del sector explican a OKDIARIO, «ya tenemos nuestros planes de negocio cerrados y hemos hecho inversiones en compra de suelo para poder construir viviendas, ahora no será rentable». Además, aseguran esto podría llevar a las cotizadas a realizar profit warning y la cotización de estas firmas en Bolsa se vería aun más castigada.

Miguel Ángel Peña, CEO de Residencial de Grupo Lar, cree que «es evidente que se va a reducir la inversión” y creará inseguridad al capital extranjero. De igual forma, Peña duda «de la aplicabilidad de la ley» porque los tintes de ilegalidad.

Desde el sector consideran que esta medida conseguirá el efecto contrario al desea: el parque de vivienda de alquiler dejará de crecer. Por otro lado, defienden que dicha imposición es anticonstitucional y atenta contra la propiedad privada. Además, defienden que no se puede trasladar al sector privado la responsabilidad de la administración, que es crear un gran parque de vivienda pública.

Por su parte, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), consideran que la obligación de reservar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida supondrá «una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma».

Ejemplo de la medida en Cataluña

Aunque de momento se desconoce cómo se aplicará dicha medida y si tendrá efecto para toda la obra nueva. Al igual que otras muchas propuestas incluidas en la Ley de Vivienda, esta imposición ya ha sido aplicada con anterioridad en otras zonas y no ha conseguido el efecto buscado; sino todo lo contrario. Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) matizan  que esta medida puede traer al mercado español de alquiler efectos negativos, similares a los que ha dejado en Cataluña.

La Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña calcula que desde que entró en vigor esta ley en Cataluña, el 55,3% de los promotores y constructores ha parado la inversión esperando un nuevo escenario; mientras que un 31,6% ha reducido su inversión y un 3,1% ha trasladado su inversión a otro territorio. «Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo», adelanta  la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid  (ASPRIMA).

Por otro lado, un estudio realizado por Colegio de Arquitectos de Cataluña  revela que en Barcelona, desde que se implemento esta norma, se ha producido un descenso del 40,5% del número de visados para construcción de vivienda de obra nueva, el doble que en el resto de la provincia.